MATHIEU TOURLIERE| Foto: Germán Canseco|28 febrero, 2020|CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la fase de audiencias del juicio político que se sigue en la Cámara de Diputados contra Rosario Robles Berlanga, este viernes se evidenció que al menos desde 2014 la exfuncionaria supo de los esquemas de desvíos millonarios operados en sus gestiones al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
No sólo eso, también quedó exhibido que el equipo de Robles ocultó información y se resistió a colaborar con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mientras ésta realizaba la investigación sobre las “simulaciones de servicios” a través de convenios con universidades y entidades públicas estatales, que posteriormente se conocieron como Estafa Maestra.
Dos actores claves de la ASF en el sexenio pasado, Juan Manuel Portal –su extitular– y Muna Dora Buchahin Abulhosn, quien hasta junio de 2018 realizaba las auditorías forenses, así como un excolaborador cercano a Robles, hundieron a la exfuncionaria ante la Sección Instructora de la Cámara baja, encargada de realizar las audiencias en el primer juicio político en 93 años.
Otros testigos, quienes formaron parte del equipo de Robles en la Sedesol y la Sedatu, deslindaron su responsabilidad sobre los desvíos –sin negar que éstos hayan ocurrido– o rechazaron haber firmado los convenios.
“Yo personalmente le mostré (a Robles) el modus operandi a través de unos mapas donde veíamos el dinero que llega de la Secretaría de Hacienda a las dependencias –Sedesol, Sedatu–, cómo lo distribuyeron con contratos a universidades y éstas a otros muchos, hasta donde se perdía el dinero. Ella lo sabía perfectamente”, aseveró Portal.
Con una voz disminuida por un resfriado, el exauditor sostuvo incluso que “en la última reunión que tuvimos con ella, (Robles) ofreció no volver a hacerlo, reconociendo lo que se estaba observando por parte de la ASF. Dijo: ‘Ok, lo voy a dejar de hacer ya’ (…) Habrá sido a principios de 2017”.
Recordó: “En una reunión en mi oficina con el equipo y con la señora (Robles), su oficial mayor (Emilio Zebadúa González), el que manejaba todo, me informaron que ya estaba toda la comprobación afuera, en un camión, que tenía 65 cajas. Pedí que fueran a ver las cajas y eran, como dije, basura: fotocopias de mil cosas que no tenían ninguna relación con los pagos.
“Mis reuniones con ella fueron diversas, algunas con todos sus colaboradores interesados en el tema, que ella citaba, y en otras ocasiones únicamente yo, para informarle lo que estaba haciendo. La respuesta fue negativa, evasiva, y con todos los elementos que teníamos se los enseñamos”, abundó el hombre, quien momentos más tarde resaltó que “todos los informes fueron notificados a la secretaria”.
En respuesta a un cuestionamiento de la defensa, que le preguntó si existían convenios irregulares firmados por Robles, Portal soltó: “No hay un solo titular que firme las cosas que están hechas indebidamente. Todo es por instrucciones”.
Enrique González Tiburcio, quien fuera asesor de Robles y subsecretario en la Sedatu –también se encuentra imputado en la causa penal contra la exfuncionaria–, sostuvo que informó “de manera personal, directa y verbal” a Robles sobre una serie de “convenios falsificados” de la subsecretaría a su cargo y le reclamó que en ellos aparecía su firma apócrifa; también aseguró que lo denunció ante el Órgano Interno de Control (OIC).
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El exfuncionario insistió en el papel de Emilio Zebadúa González, quien fue titular de la Oficialía Mayor en las dependencias dirigidas por Robles durante todo el sexenio de Peña Nieto, al cual enseñó los convenios con su firma falsificada, y lamentó que en esta historia “pase de denunciante a acusado”.
Por su parte, la exauditora Dora, quien llevó a cabo las investigaciones sobre la Sedesol y la Sedatu, insistió en que Robles “estaba enterada” sobre las auditorías, pues “todos los oficios que se dirigían eran a la titular de la dependencia” y desde 2014 –abundó– “hubo confrontaciones con funcionarios antes de llegar al pliego de observaciones, en las cuales se les hacía saber los hallazgos para que pudieran darnos información y en ese momento solventar o aclarar la situación”.
Añadió: “Al inicio de las primeras revisiones, nosotros pensábamos que ella (Robles) no estaba enterada de esto (…) después se llevó a cabo una reunión con ellos, en las cuales expresó de manera detallada el modus operandi, la resistencia de los proveedores de dar información, el ocultamiento y desaparición de algunos; recuerdo que algunos del Estado de México no existían”.
Los diputados integrantes de la Sección Instructora exhibieron a la exfuncionaria un convenio de junio de 2013 firmado por Rosario Robles como titular de la Sedesol y Jorge Olvera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UEAM), además de Eruviel Ávila Villegas, exgobernador del Estado de México, como testigo de honor.
Dicho convenio derivó en una investigación de la ASF, que en febrero de 2015 publicó el primero de una serie de informes que llevarían a Robles a la cárcel: en ese documento –revelado en su momento por Apro– el ente fiscalizador estimó el fraude en 845 millones de pesos, operado en el marco de la Cruzada Contra el Hambre.
“Había ciertos rubros que se nos hicieron bastante inusuales en relación al ejercicio, estaban vinculados con la Cruzada del Hambre”, recordó la exfuncionaria, y abundó que “el modus operandi consistía en la simulación de servicios: se pagaban y se integraban todos los papeles documentales que podían soportar este egreso, pero en realidad no existían.
“Yo misma he entrevistado a rectores en un acto oficial que está documentado; se les había informado de la propia Secretaría a quién contratar y cómo contratarlos, ellos nada más pagaban (…) eran proveedores no contratados directamente por ellos, sino puestos por dicho de ellos, para hacerles los pagos”.
Durante el día, otros tres excolaboradores de Robles acudieron a la Cámara de Diputados para declarar y refutar su participación en actos indebidos. Entre ellos, Wendy Gabriela Arrieta Camacho, otrora secretaria particular de Emilio Zebadúa, se reservó su derecho de declarar, dado que tiene dos procesos en contra.
Javier Guerrero García, quien fue subsecretario de Robles tanto en la Sedesol como en la Sedatu, reconoció que “firmamos cerca de 55 convenios con universidades”, pero aseveró que todos fueron auditados y que “todas las observaciones fueron solventadas”. Víctor Manuel Tapia Castañeda, exdirector general de desarrollo comunitario en Sedesol, también aseguró que no cometió irregularidad alguna.
La defensa de Robles trató de convencer –mediante sus preguntas a los testigos– que la responsabilidad no era de su clienta: mencionaron a otras dependencias federales que también participaron en esquemas tipo Estafa Maestra, a los rectores de universidades que celebraron los convenios, o incluso a los proveedores. También insistieron en que el nombre de Rosario Robles no aparece en las denuncias presentadas por la ASF, aunque la estrategia no pareció muy efectiva.
El único logro de la defensa consistió en lograr que el exauditor Portal reconociera que “el modus operandi se encontró también en otros lados”, pues “hay denuncias iguales en otras dependencias o entidades, no fue una cosa exclusiva” de la Sedesol o de la Sedatu.
